El Comercio, p. A3, 4 de agosto de 2011
El manejo ambiental moderno requiere del uso de incentivos económicos y mecanismos de mercado como complemento a las acciones regulatorias de los estados. El ejemplo más claro es el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto para combatir el calentamiento global; este permite a las empresas contaminantes comprar reducciones de emisiones de gases invernadero –bonos de carbono– para contrarrestar las propias. Se logran así dos objetivos importantes: primero, la reducción total de emisiones de estos gases, y segundo, la creación de un mercado nuevo con las eficiencias intrínsecas que este trae, es decir, se soluciona el problema en la forma más eficiente y pragmática posible.
No sorprende, entonces, que los grandes desafíos ambientales de nuestro país no puedan ser solucionados con la simple intervención del Estado. El nuevo gobierno deberá decidir si está dispuesto a implementar, con celeridad, los mecanismos de manejo ambiental basados en mercados ambientales y derechos de propiedad que han venido evolucionando en nuestras políticas públicas durante los últimos años.
En el caso de nuestra Amazonía, la barrera más seria para su buen manejo es la falta de derechos de propiedad sobre el territorio y sus recursos. En términos simples, el bosque es de todos (es decir, del Estado) y por lo tanto de nadie. La actividad forestal es básicamente como una actividad minera solo que se extraen árboles de madera valiosa, a tasas que exceden su reposición natural porque los madereros extraen árboles que son de todos, y la simple presencia del Estado no es suficiente para lograr que se limiten a extraer sus cuotas.
El Instituto Libertad y Democracia ha demostrado cómo la falta de derechos de propiedad en la Amazonía es una de las principales causas de su deterioro ambiental, causando además el consiguiente atraso y marginación de las poblaciones indígenas que no pueden entrar en contratos con terceros al no ser dueños reales de los recursos. La falta de un mercado de tierras en escalas apropiadas (un legado de la reforma agraria) inhibe a los inversionistas apostar en proyectos de reforestación. Al no ser dueños de la tierra, ¿quién se atreverá a arriesgar capitales a largo plazo en tierras del Estado?
Es imprescindible, entonces, seguir avanzando por el camino trazado por los gobiernos anteriores, empezando por la reglamentación de la recientemente aprobada Ley Forestal y de Fauna Silvestre que consagra derechos reales sobre concesiones forestales, ambientales, de ecoturismo y de conservación. Estos derechos reales fortalecerán los incentivos para que los actores privados conserven nuestra Amazonía.
Los ministros de Agricultura y de Ambiente deberán saber imponer el pragmatismo técnico por encima de los giros ideológicos del gobierno actual que espera una mayor presencia del Estado en la gestión de los recursos naturales.
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